Como si obligar a las empresas de tecnología a deshabilitar su cifrado y proporcionar acceso por la puerta trasera a las agencias gubernamentales no fuera suficiente, el gobierno del Reino Unido ahora también quiere que las mismas empresas envíen sus productos al gobierno antes de empaquetarlos para su entrega en los estantes de las tiendas.
El nuevo fallo es una parte sutil de los esfuerzos del gobierno del Reino Unido para incorporar la vigilancia en todos los productos, características y servicios tecnológicos antes de que sus fabricantes decidan lanzarlos al mercado, asegurando que las agencias gubernamentales del Reino Unido tengan un privilegio especial en estos productos cuando surja la necesidad.
El gobierno del Reino Unido continúa revisando sus regulaciones de vigilancia con el fin de reforzar los esfuerzos para obligar a las empresas a inclinarse ante sus leyes destinadas a espiar a las personas que considera amenazas a la seguridad nacional. Pero ese contexto podría adoptar un enfoque vago a veces y podría poner en peligro los derechos de privacidad de las personas.
Las empresas del sector tecnológico, a partir de ahora, actualizarán al gobierno del Reino Unido sobre el desarrollo de nuevos productos y las características que podrían evitar que el personal policial obtenga inteligencia de los dispositivos, escuche a escondidas la comunicación privada de los ciudadanos y extraiga información almacenada en dispositivos.
El lenguaje real de la nueva política parece un poco vago y menos sencillo. Establece que el gobierno debe estar informado de los nuevos productos y servicios antes de su debut para que haya espacio para evaluar si es necesario contar con información sobre la capacidad técnica de la empresa en cuestión.
No obstante, es un esfuerzo natural del gobierno del Reino Unido eliminar el cifrado de extremo a extremo que es difícil de penetrar desde la superficie de techlandia. El nuevo fallo complementa la legislación existente, el Proyecto de Ley de Poderes de Investigación, que pretende ampliar los poderes del gobierno a la hora de obtener acceso a datos de ciudadanos privados.
En la actualidad, el Proyecto de Ley de Poderes de Investigación ha irritado a los defensores de la privacidad, los luchadores por la libertad de expresión y las grandes empresas tecnológicas como Apple, Facebook, Google y Microsoft, entre otras. Eso se debe al efecto escalofriante que tendrá el proyecto de ley sobre ellos, y no menos importante a los efectos nefastos para la privacidad de las personas. Las empresas eventualmente perderán la confianza de los clientes, la reputación de la marca y el control sobre algunos de los datos de los usuarios. También pueden enfrentarse potencialmente a batallas legales por incumplimiento.
Cuando el proyecto de ley se convierta en ley, todas las empresas de tecnología del país tendrán que cumplir con los requisitos de vigilancia del gobierno, y eso está lejos de conducir a un final feliz.
